El caso investigado en el Liceo Naval de San Borja vuelve a plantear una pregunta necesaria: ¿Qué ocurre cuando las señales aparecen antes de la denuncia?
La Fiscalía investiga una presunta agresión sexual contra un adolescente de 16 años durante el traslado posterior a una actividad deportiva. Las autoridades deberán esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, respetando los derechos de todos los menores involucrados. Pero el caso también obliga a mirar más allá de una investigación judicial. La pregunta es qué ocurre dentro de los colegios cuando una situación de violencia comienza a manifestarse.
Entre enero y agosto de 2026, SíseVe registró 1.198 reportes de violencia sexual entre estudiantes, frente a 885 durante el mismo periodo de 2025. Los registros corresponden a presuntos hechos y pueden incluir distintas formas de violencia sexual.
El Minedu actualizó en 2025 sus protocolos para atender violencia física, psicológica, sexual, bullying y ciberbullying. La norma establece procedimientos específicos para intervenir y proteger a los estudiantes. El problema aparece en otro lugar: tener un protocolo no significa necesariamente detectar a tiempo lo que ocurre.
La Defensoría del Pueblo acaba de advertir una señal preocupante. Tras supervisar 7.506 colegios públicos, encontró que 63% de docentes carecía de herramientas para el acompañamiento socioafectivo.
La salud mental tampoco puede quedar después de la emergencia. Minsa y Minedu implementan el plan “Salud Mental en tu Cole” 2025-2026 para identificar riesgos y fortalecer habilidades socioemocionales. El programa comenzó en 350 instituciones educativas. Además, el Minedu informó que amplió a 4.000 las plazas de psicólogos escolares y que 1.295 profesionales del programa SERUMS atendían en 928 colegios públicos.
Entonces aparece la pregunta que debería quedar después de cada denuncia: si existen protocolos, psicólogos, sistemas de alerta y programas de prevención, ¿en qué punto se rompe la cadena que debería proteger a un estudiante?
Porque cada nuevo caso no debería obligar al país a descubrir nuevamente que la violencia escolar existe. La verdadera medida de una política de prevención no está solamente en cuántos casos registra. Está en cuántos consigue detectar, atender, dar un seguimiento y evitar antes de que el daño sea irreversible. También se protege cuando una comunidad educativa, padres de familia, instituciones y autoridades puedan reconocer que algo está ocurriendo y decidan no mirar hacia otro lado.
Redacción: Jessimiel Rosas
