Los Andes

En estos últimos años Puno ha sido escenario de diversos conflictos en el ámbito de la minería. No se trata necesariamente de controversias socioambientales como los califican algunos órganos del Estado, sino que se gestan con plataformas de solicitud de mayores beneficios para las comunidades, particularmente la participación en acciones o entrega de utilidades.

El caso arquetípico es el de la mina Tintaya en Cusco, que en el año 2003 se comprometió a entregar el 3% de sus utilidades, fondo que si bien ha revertido en proyectos de desarrollo en la zona, de ninguna manera ha aplacado la conflictividad, pues en el 2012 la población de Espinar volvió a la carga solicitando el incremento del porcentaje a ¡30%!

En Puno se han visto casos similares en los ámbitos de las empresas IRL, Arasi, Ciemsa y Minsur. Todos, casos en los que a través del conflicto, que algunas veces acarrea la muerte de personas (caso Ocuviri), se ponen entre la espada y la pared a las empresas para obligarlas a firmar convenios “voluntarios� de entrega de recursos.

¿ES JUSTO EL RECLAMO?

Sin duda, la pobreza es persistente en las remotas zonas donde operan las minas y, ante el fracaso del Estado en la provisión de servicios básicos, la expectativa se centra fuertemente en las empresas mineras. Ocurre también que en las operaciones vigentes, los recursos por canon suelen ser utilizados tarde, mal y nunca por las autoridades locales, lo que genera la percepción de que la minería no trae beneficios.

Esto, en parte, puede explicar la demanda, pero no justificarla, y menos con los métodos que se suelen usar para exigir el beneficio. Recordemos que no existe ley alguna que ampare este esquema y corresponde, en primer lugar, al Estado atender las necesidades sociales básicas.

En declaraciones a Semana Económica, Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), señala que “se debe buscar la manera de viabilizar los proyectos y hacer que los beneficios lleguen a la comunidad. Que se distribuya el canon donde se realice la extracción�. Su propuesta se basa en buscar la mayor eficiencia de los fondos que ingresan por tributos, y en ello las empresas mineras pueden contribuir decisivamente.

Y es que los recursos que ingresan de manera extraordinaria como fondos especiales, no vienen con mecanismos implícitos que aseguren el correcto uso, la transparencia o fiscalización. Pensemos que si el canon no se utiliza adecuadamente, no hay nada que garantice la apropiada administración de fondos adicionales.

¿ES OPORTUNO PEDIR ACCIONES Y REPARTO DE UTILIDADES?

Las utilidades se entienden como los ingresos totales de una empresa menos los costos de producción y distribución. Son cifras que pueden variar dramáticamente entre un año y otro, siendo en muchos casos, negativas. Consideremos, además, el actual contexto internacional de precios bajos que ha puesto al sector minero en una situación de crisis.

Veamos, por ejemplo, el caso de Minsur, la cual tiene en marcha un reclamo social del 10% de sus utilidades, pero que en el 2015 reportó pérdidas. En tal situación, esta empresa solo podría repartir pasivos (¿estarán las comunidades dispuestas a asumirlos?). Por otro lado, las empresas están en toda su potestad de reinvertir sus ingresos, lo que reduce el monto de utilidades.

UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Quizás sería más viable pactar fondos de desarrollo con aportes extraordinarios (tal como ocurrió con el Fondo Voluntario de Solidaridad con el Pueblo que se estableció en el 2007). A esto implementarle los mecanismos de administración conjunta, esquemas de participación ciudadana, indicadores de eficiencia y transparencia. De esta manera, tanto empresa-Estado-comunidad puedan desarrollar consensos que apaguen la conflictividad y, a la vez, lograr que los beneficios lleguen a la población.