Ministerio Público: algo anda mal


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Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 21 May 2016

Parece que la maldición está carcomiendo los cimientos del ministerio público, entidad que tiene como fin fundamental “es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio,…. y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. Es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la concede expresamente. Para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el Fiscal de la Nación y los fiscales ejercitarán las acciones o recursos y actuarán las pruebas que admiten la Legislación Administrativa y Judicial vigente conforme lo estable la Ley Orgánica del Ministerio Público (D. L. 052).

Entonces, existe un cortocircuito en los fiscales inmiscuidos en actos ilícitos y contrarios a la legalidad dentro del distrito fiscal Puno, pese a que en la ceremonia central por conmemorarse un año más de vida corporativa (35 años de vida institucional), al parecer todo el problema de ayer que era atribuido a los jueces hoy lo viven en carne propia los señores fiscales, además según fuentes del poder judicial, existe una deficiente preparación en los fiscales, porque no logran entender la calidad de la investigación preliminar y la carga de la prueba, además los postulados de los fiscales no tienen una clara y definitiva pretensión, por ello es necesario, urgente y necesario replantear algunos postulados para el acceso de la magistratura fiscal, además los fiscales no cuentan con los elementos técnicos especializados para probar sus postulados y por si fuera poco las investigaciones son precarias y no tienen la rigurosidad del caso (como el caso de los dos estudiantes universitarios que fueron a parar en el penal de Yanamayo sin una diligente interpretación de la realidad por parte del fiscal de turno).

Para los operadores de la justicia, éste caso no es aislado, en los corrillos del ministerio público se escucha mil y una forma de solucionar una imputación, pero la mayoría no pasa por una condena a favor del imputado, sino por una “aceitada” de por medio, en la ciudad de Juliaca los casos más ominosos están en los constantes archivamientos de las denuncias incoadas contra el ahora reo David Mamani Paricahua. Claro que donde existe corrupción, existe dos actores principales, el sujeto que acuerda o pacta y entre estos personajes, lamentablemente está en letrado, el abogado, el defensor, que inclusive es el principal promotor de las “aceitadas” para con falsos testimonios, logran el archivamiento. O como es vox populi existen abogados caracterizados en “trabajar” en forma deshonesta y no dudan en tener una lamentable cercanía con los magistrados para dirigir los procesos. Entonces, la solución a esta actuación desleal no solo termina con la detención y posterior sanción del fiscal y su asistente, existe mucho lodo hediondo bajo el puente.


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