Los Andes

El 29 de enero del 2016 se dio la apertura de sobre del proceso de licitación para la selección de Diario Judicial del Distrito Judicial de Puno 2016 y 2017; se presentaron dos postores y se advirtió que ese proceso estuvo direccionado. Muchos se rasgaron las vestiduras y elucubraron un proceso limpio y transparente; los personajes que dijeron ser honestos y prístinos, jugaron a ganador y lógicamente este medio impreso, con más de 80 años de constante labor periodística en la región Puno, no fue el “favorecido�, porque el presidente en ejercicio de la Corte Superior de Justicia de Puno firma el contrato Nro 001-2016-P-CSJPU/PJ, donde se otorga deberes y derechos a la empresa Editora Multimedios SAC. Hasta esa fecha, el medio de comunicación “favorecido� propone un precio por unidad del matutino equivalente a cincuenta céntimos, pero al parecer con el aval y entendimiento con los responsables del área de contrataciones, área usuaria y del mismísimo firmante, el costo del medio impreso sube a setenta céntimos. Tal como la Procuraduría Anticorrupción infiere en la demanda ingresada al Ministerio Público con fecha 26 de diciembre del 2016 registrado con el Nro 7878.

Dialogando con algunos de los trabajadores del sistema judicial, nos enteramos que “todo estuvo direccionado desde arriba�; no supimos quién era la persona que direccionó el proceso en cuestión, no tuvimos base legal para contradecir (analizando objetivamente el hecho, no podíamos aventurarnos a inferir cuestionamientos legales), pero la labor del Procurador Anticorrupción del Distrito Judicial de Puno, abogado Henry García Tacca, es digna de reconocer, porque pone el dedo en la llaga y emplaza a los que resulten responsables del presunto delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad presunta de colusión simple y agravada. Porque en los términos del contrato la empresa periodística que ostenta privilegios nunca fue advertido sobre las consecuencias que acarrearía el simple hecho de elevar el costo de venta en el mercado de su producto, porque en buen castellano los funcionarios responsables del requerimiento contractual siempre se harían los de la vista gorda.

Desde este medio impreso, siempre se ha apoyado la labor de los juristas en la dimensión que merece esa labor; fuimos y somos conspicuos defensores del Estado de Derecho, durante 86 años mantuvimos una línea en pro del desarrollo de Puno; desde las líneas del Diario Los Andes se luchó por la institucionalidad democrática. Pero vemos que hasta el sistema administrativo del Poder Judicial juega su partido aparte; es imposible no indignarse solamente con esta forma de administrar un proceso de selección, donde a dos horas del cierre del trámite administrativo se resuelve conceder la petición de la empresa que luego sale ganador del proceso y que firmado el contrato eleve el costo por unidad. Se ha violado los propios términos de referencia, los compromisos adquiridos por la editora, se hizo trizas con la opinión pública pacífica, existen muchos intereses y esos intereses deben ser parte del debate y posterior sanción. No queremos procesos lerdos y amañados, si los especialistas conocen de contrataciones con el Estado, este contrato nacido de la oscuridad debe ser cancelado en el acto y las sanciones posteriores deberían ser enérgicas y ejemplarizadoras. A título personal sugiero que la OSCE tome parte en este affaire, la Contraloría no debe hacerse a un lado, porque estamos hablando de un delito cometido por algunos representantes del sistema judicial, que todos debemos respetar por su proficua labor de impartir justicia y no affaires.