Los Andes

Alberto Quintanilla Chacón

1.- La huelga magisterial, que iniciara el 15 de junio del 2017 el SUTE Regional del Cusco, a la que se sumaran alrededor de otras 14 regiones, entre ellas la de Puno, y también la dirigencia del SUTEP nacional, que luego convocara a una movilización el 13 de julio, tiene muchos aspectos que merecen la pena analizar.

Algunos miles de maestros provenientes, de todo el país, han viajado a Lima, realizando movilizaciones diarias, teniendo como su centro de operaciones de Plaza San Martín, y como destino principal de ellas está el Congreso de la República; se han realizado movilizaciones en varias ciudades del interior. Además de Lima, estas movilizaciones han bloqueado carreteras, los accesos a aeropuertos, han ingresado a emisoras radiales, con el fin de difundir sus reclamos.

Las principales demandas de los maestros en huelga, son el incremento de sus remuneraciones, rechazo a procesos evaluativos tendientes a su despido, que se les pague la deuda social que tiene el Estado con ellos, se eleve el presupuesto destinado a la educación a no menos el 6% del Producto Bruto Interno, se deroguen o modificasen dispositivos legales, etc.

Con el transcurso de los días, la huelga y la movilización han ido en incremento, fortaleciéndose, ganando la solidaridad y la simpatía de la población, fuerzas políticas diferentes de todo el espectro ideológico.

La reacción del Poder Ejecutivo, en particular la del Ministerio de Educación, en un inicio pretendió ignorarla, luego optó por negar representatividad y legitimidad a los dirigentes, con el argumento de que no eran reconocidos legalmente y que tenían vinculaciones con el MOVADEF y el CONARE, pretendiendo vincularlos con la organización terrorista de Sendero Luminoso.

Con el transcurso de los días, se apreciaron las contradicciones entre la organización gremial del SUTEP Nacional, con las dirigencias regionales.

2.- Es indiscutible que la enseñanza en el Perú es de baja calidad, como se refleja en las pruebas de aprendizaje, comprensión de lectura y razonamiento matemático.

Es también cierto que estos malos resultados reflejan la profunda crisis de la educación en nuestro país, como resultado del abandono que han hecho desde hace décadas sucesivos gobiernos, que solo destinan entre el 2 y el 3.5$% del PBI, como presupuesto del sector educativo, ignorando el compromiso asumido en el año 2002, en el Acuerdo Nacional, que apuntaba al 6% de nuestro PBI.

Esta prolongada huelga, que por su magnitud y duración se asemeja a la huelga magisterial de 1972, pone en evidencia que la política del “maestro barato� no puede seguir, porque es incompatible con el objetivo nacional de mejorar la calidad de la enseñanza.

Pone en evidencia que la infraestructura educativa es insuficiente y de baja calidad; que los laboratorios y bibliotecas, cuando existen, son limitadas; que la formación profesional de los maestros es deficiente, que hay políticas de sobre explotación de los profesores en condición de contratados, a los que se les desconoce derechos que se les reconoce a los nombrados, siendo políticas discriminatorias.

3.- Necesitamos asumir como un objetivo nacional: que debemos tener una educación de alta calidad, que forme ciudadanos con capacidad y solvencia, que permita construir un Perú próspero, desarrollado, democrático, sin pobreza, explotación, exclusiones, ni discriminaciones, que todos los peruanos tengamos las mismas oportunidades para progresar y vivir con tolerancia, en un ambiente agradable, con respeto al medio ambiente.

La capacitación a los docentes debe ser permanente, para mejorar su desempeño profesional, con evaluaciones sin ánimo punitivo ni con el fin de despedirlos, respetando su derecho a la estabilidad laboral, reubicando en puestos administrativos y auxiliares a los que no aprueben en forma reiterada.

Asumamos el compromiso nacional de que se destine el 6% del PBI, como presupuesto para la educación en el Perú, para lo cual debemos lograr tener una recaudación tributaria por encima del 20% del PBI, con dichos recursos mejorar la infraestructura, y tener los materiales necesarios para una educación de calidad.

Debe pagarse la deuda social que el Estado tiene con los maestros, reconociéndoles sus derechos en forma administrativa y rápida, sin necesidad de costosísimos procesos judiciales.

El diálogo en democracia debe ser la forma como se resuelvan los problemas y conflictos, sin exclusiones ni descalificaciones intolerantes.

*Congresista, Nuevo Perú.