Los Andes

Solo una sospecha razonable, es la determinación final de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Puno, respecto al proceso judicial que se le ha seguido al expresidente regional de Puno, David Jiménez Sardón, y exfuncionarios, por los delitos de colusión desleal y peculado, en el caso de los “20 millones�.

Bajo ese grado de sospecha, la Sala Penal Liquidadora, presidida por el magistrado Reynaldo Luque Mamani, decidió absolver al expresidente regional David Jiménez Sardón, Marcos Emilio Castro Suero, José Alberto Tejada Villegas, José Carlos Pérez �lvarez y Augusto Richard García Bernal, librándolos de toda responsabilidad penal.

ORIGEN DEL PROCESO

A inicios del año 2003, cuando David Jiménez era presidente regional, la región Puno sufrió fuertes precipitaciones pluviales, las cuales destruyeron puentes, inundaron carreteras, viviendas rurales, etc., poniendo a la región en situación de emergencia.

En ese marco, el 10 de enero del 2003, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo Nro. 010-2003, que declaraba en estado de emergencia a la región altiplánica, para que se atienda a las poblaciones afectadas.

Posteriormente, el gobierno emitió el Decreto Supremo 028-2003, asignando al Gobierno Regional de Puno, presidido entonces por Jiménez Sardón, una partida presupuestal de 20 millones 853 mil nuevos soles, para que se invierta en el arreglo de los puentes, la mejora de las carreteras y una serie de atenciones a los damnificados.

Así, el Gobierno Regional de Puno debió convocar a licitaciones varias obras que demandaba la emergencia; sin embargo, el presidente David Aníbal Jiménez Sardón, y el Proyecto Especial Carretera Transoceánica, representado por su director ejecutivo, Marcos Emilio Castro Suero, se limitaron a suscribir un convenio de cooperación para licitar la ejecución de las obras.

Los trabajos que se debían hacer básicamente eran los de rehabilitar los diversos tramos de carreteras y puentes declarados en emergencia, cuyo financiamiento, en un primer momento, ascendía a la suma de 9 millones 20 mil nuevos soles, y que luego se amplió a 17 millones 613 mil nuevos soles.

Sin embargo, durante el proceso de adjudicación directa, se otorgó la buena pro suscribiendo contratos con 11 empresas contratistas, donde se ha presumido una serie de irregularidades, pues se había dicho en ese entonces que hubo favorecimientos a las empresas beneficiadas, por vinculaciones y concertaciones ilegales.

En ese momento, los consejeros y las autoridades judiciales incluso hablaron de pagos de cupos o sumas de dinero equivalentes al 10% del total de la adjudicación en cada paquete de obra, por lo que se procedió a judicializar el tema, de acuerdo al antiguo Código de Procedimientos Penales.

13 AÑOS DE JUICIO

Las denuncias comenzaron a fines del año 2003, e incluían escándalos políticos, hasta sesiones de Consejo Regional que duraban toda la noche, que nominaban hasta un nuevo presidente regional, cargo que en ese entonces recayó en Sonia Frisancho.

Desde ese entonces han pasado 13 años de todo el proceso judicial, que ha tenido varias etapas, y que ha incluido cuestionamientos a los procuradores anticorrupción, al trabajo de la fiscalía y al propio juzgado, por no acelerar el proceso que demoraba sospechosamente y se manejaba con mucha reserva.

15 AÑOS DE C�RCEL

En su momento, la titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal, Gaby Pantigoso Meza, formalizó la acusación contra el expresidente regional, David Jiménez Sardón, y los demás imputados en este proceso.

La magistrada pidió para Jiménez Sardón una pena de 15 años, mientras que para el resto de los imputados, condenas que iban desde los 07 años a más. Las investigaciones habían determinado que las empresas ganadoras de la buena pro, para ejecutar las obras de rehabilitación, pagaron el diezmo a los funcionarios regionales.

Conforme a las investigaciones, se había determinado que Marco Emilio Castro Suero, exdirector del Proyecto Especial Carretera Transoceánica (PECT), que dependía del Gobierno Regional, estaba encargado de arreglar las licitaciones a favor de Jiménez Sardón.

Incluso apareció un testigo, identificado como Jorge Pineda Hurtado, quien afirmó que en más de una ocasión había acudido a la casa del expresidente regional para dejar el diezmo, el cual era del 10% de las licitaciones.

OBRAS MAL HECHAS

Historia aparte es el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas que ganaron la ejecución de las obras de rehabilitación; los empresarios no tenían las maquinarias necesarias para culminar las obras y muchas quedaron mal rehabilitadas.

SENTENCIA DE LA SALA

Luego de una serie de vaivenes en este proceso judicial, la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Puno finalmente decidió dar lectura a la sentencia, en la víspera. No estuvieron presentes David Jiménez Sardón, y tampoco los demás imputados.

El magistrado Reynaldo Luque Mamani fue el encargado de leer la sentencia emitida por la Sala, integrada también por los magistrados Melchor Gaspar Coaguila Salazar y Oscar Fredy Ayestas Ardiles, quienes también rubrican la sentencia.

Según esta, los magistrados no encontraron indicios suficientes para probar que hayan existido actos de concertación entre los imputados y los representantes de las empresas que se adjudicaron la ejecución de las obras, desbaratando la acusación del pago de diezmos.

“Hay grado de sospecha, mas no un grado de convicción y certeza de responsabilidad penal; si es así, tratándose de una sospecha, existiendo una duda bastante razonable...�, dijo en primera instancia Luque Mamani, en la lectura de la sentencia, que duró cerca de dos horas.

“...En consecuencia, este colegiado debe concluir que las pruebas actuadas del Ministerio Público no han logrado quebrar el principio de inocencia del que gozan los acusados David Jiménez Sardón, Marcos Emilio Castro Suero, José Alberto Tejada Villegas, José Carlos Pérez �lvarez y Augusto Richard García Bernal�, agregó el juez, finalizando con la determinación de archivamiento del caso.

S� HUBO IRREGULARIDADES

Sin embargo, la Sala Penal Liquidadora advirtió la existencia de una serie de irregularidades administrativas durante los procesos de licitación que adjudicaron las obras a las empresas ganadoras; hechos que, pese a ello, no son suficientes para argumentar que hubo concertación.

RECURSO DE NULIDAD

No obstante el archivamiento, el representante del Ministerio Público, Carlos Lombardi, quien se desempeña como Fiscal Superior Adjunto, anunció que presentarán un recurso de nulidad para seguir insistiendo en la teoría de que sí existió delito.

“Se ha interpuesto su recurso de nulidad, ha habido suficientes pruebas, lo que considera la sala; sí ha habido pruebas, quiero leer la copia de la sentencia, la sentencia ha sido larga y tediosa (...) vamos a preparar el recurso�, dijo el fiscal, saliendo luego raudamente del Palacio de Justicia.

MANEJO POL�TICO

Por su parte, Rolando Jiménez, abogado del expresidente regional David Jiménez Sardón, señaló que durante 13 años no han podido probar las acusaciones en contra de la exautoridad. “En ese momento ha habido intereses de orden político, en ese momento ha habido un enfrentamiento entre el expresidente y el presidente Toledo�, señaló.