Los Andes

El Decreto Legislativo No. 1099, publicado el 12 de febrero del año 2012, declaraba de necesidad pública e interés nacional y ejecución prioritaria, las acciones de interdicción sobre la minería ilegal en la región Puno y la remediación ambiental de las cuencas de los ríos Ramis y Suches, para garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la recaudación tributaria, la recuperación y conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

En la referida norma legal, se precisa sobre el financiamiento de proyectos para tal objetivo, autorizando a los ministerios del Ambiente, Agricultura, Vivienda, Energía y Minas y el gobierno regional de Puno, para solventar los estudios de pre inversión y/o la ejecución de proyectos de inversión pública de remediación ambiental, así como la infraestructura hidráulica para captación, regulación o almacenamiento, conducción y abastecimiento de agua para fines poblacionales.

“Todos nos preguntamos ¿Qué se hizo desde esa fecha hasta el día de hoy?, han pasado cinco años y hay varios sectores comprometidos, e incluso hasta el Ministerio de la Mujer, como consecuencia de las acciones de interdicción, puede identificar a las víctimas de trata de personas, trabajo infantil y forzoso, siendo además el Ministerio Público, como titular de la acción pública, quien denuncie lo pertinente�, cuestionó el congresista Alberto Quintanilla.

El parlamentario puneño hizo mención sobre las excentricidades, que en su momento protagonizara el entonces comisionado del gobierno anterior Daniel Urresti, encargado de los asuntos para combatir la minería ilegal; “el hacía su show para las cámaras de televisión y nada más, pero no resolvía el problema de fondo, nada sobre proyectos de mitigación de la cuenca, asistencia técnica ni coordinación�, precisó.