Trata de personas: un círculo vicioso sin solución


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Escribe: ANA HANCO | Sociedad - 01 Jun 2017


La trata de personas, que casi siempre deviene en la explotación sexual, es un problema de nunca acabar, especialmente en zonas como La Rinconada, Lunar de Oro, Ananea y Juliaca, donde la actividad económica prima por sobre todas las cosas. Prueba de ello es que este flagelo se ha incrementado en 50%, a comparación de otros años.

“Vas a atender a niños”, “vas a atender en un restaurante”, son algunas de las promesas que usan las mafias para captar a ingenuas adolescentes, quienes en su mayoría son escolares de bajos recursos económicos de Macusani, Ollachea (Carabaya), Azángaro, San Antonio de Putina, etc. Cuando son captadas, ellas terminan trabajando en burdeles de La Rinconada, Desaguadero y Juliaca.

Las víctimas, con frecuencia, son adolescentes de 14 a 18 años, así como universitarias de bajos ingresos económicos, quienes casi siempre comparten la particularidad de provenir de hogares disfuncionales o de familias monoparentales, donde los problemas económicos son una constante.

TRATANTES
Los tratantes de personas, aunque parezca increíble, son en su mayoría mujeres. Según se sabe, son naturales de la región y se asocian en un círculo familiar que es indiferente a la comisión de este delito, “cosificando” a las personas para tener ganancias.

Estas inescrupulosas personas tienen entre 20 y 40 años, e inicialmente pudieron ser víctimas de la trata de personas. No obstante, superando el problema, pasaron a dedicarse a este ilícito negocio. “En Juliaca se ha rescatado a menores de edad, en donde las personas que las explotaban eran mujeres, que en su adolescencia habían ejercido esta actividad”, dice Guido Pilco Delgado, fiscal especializado de Trata de Personas.

Frente a este creciente problema, Juan Aldazabal Soto, gerente regional de Desarrollo Económico y, a la vez, responsable del área de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en Puno, mencionó que se viene trabajando según al plan operativo, con todas las instituciones que conforman la Red Regional de Trata de Personas, en la cual participan 20 instituciones, merced a una Ordenanza Regional.

“Este ilícito negocio lo conforman mafias bien organizadas, que desafían a las autoridades, dificultando el trabajo de recuperación y persecución, es por ello que se debe trabajar de manera integral para enfrentar este problema en diferentes ángulos”, mencionó Aldazabal Soto.

PREVENCIÓN
“En cuanto a prevención, se viene trabajando el fortalecimiento de capacidades a los profesores de tutoría en la región Puno, en coordinación con los especialistas de tutoría de la Dirección Regional de Educación Puno (DREP). Según datos estadísticos, las víctimas oscilan entre 15, 16 y 17 años de edad, son escolares que son captadas en las vacaciones”, dijo Jacinto Ticona Huamán, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno.

Por su parte, Cristina Arangilla Collatupa, especialista en Tutoría y Orientación Educativa de la DREP, informó que los docentes deberán realizar cuatro o cinco sesiones sobre este delicado tema. Asimismo, reveló que son 3 instituciones focalizadas por la UGEL Puno, haciendo un total de 44 instituciones, y que se trabajará con los padres de familia y población en general para resguardar la integridad de los jóvenes.

PENALIDADES
Según a la ley Nro 28950, las personas que se dediquen a la trata de personas serán reprimidos con pena privativa de libertad de 8 a 15 años. Si se dedican a captar de forma agravada a menores de edad, la pena oscila entre 12 y 20 años; y si, a su vez, tienen otros delitos agravantes, la pena va hasta los 25 años, conforme al artículo 36 del Código Penal.

PROCESOS
El titular de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Victor Landa Farati, manifestó que la trata de personas es un delito muy difícil de sancionar, porque las víctimas no contribuyen ni exigen la sanción. Una vez que surge una denuncia frente a este tema, añadió, el mismo tratante es el que pone el abogado a la víctima, dificultando el proceso.

“El año pasado asumimos 10 casos, y en lo que va de este, 4 casos, lo que es mínimo si tenemos en consideración que este delito tiene alta incidencia en la región. Las víctimas no colaboran, se consideran parte de la organización y muchas veces abandonan el proceso, de allí que la investigación fracasa”, sostuvo Landa Farati.

En tanto, Pilco Delgado declaró que en la mayoría de casos de flagrancia, la fiscalía opta por solicitar prisión preventiva desde el inicio hasta el final del proceso. En ese sentido, reveló que hasta la fecha se tiene 35 a 40 personas que vienen cumpliendo prisión preventiva en diferentes penales, como Lampa, La Capilla y Yanamayo.

VÍCTIMAS SIN ATENCIÓN

Las víctimas de trata de personas que son rescatadas por las autoridades, requieren de alberges especializados para su rehabilitación y reinserción a la sociedad; sin embargo, la región no cuenta con ningún centro de acogida.

"Es importante trabajar en prevención y no solo enfocarse en la persecución. En cuanto a la recuperación, no se ha trabajado lo suficiente, se presentan falencias. La fiscalía viene rescatando a las jovencitas, pero no existe un lugar en donde instalar a las víctimas con todas las especificaciones técnicas”, señala el titular de la fiscalía Especializada en Trata de personas.

De su lado, el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo sostiene: “No se cuenta con un equipo multidisciplinario, con una infraestructura adecuada. Las señoritas temporalmente son acogidas en un albergue, pero estos centros no están diseñados para ese tipo de personas, son para niños abandonados que tienen problemas”.


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