Columnista: Walter Paz Quispe Santos
El Gobierno Regional vive momentos de acefalía institucional y de gobierno. Los responsables de que opere en modo automático son los diecinueve consejeros regionales, en especial su delegado que ha inventado con el propósito de alargar el tiempo de decisión de la suspensión del gobernador con algunas retóricas como las excusas de que los abogados de Aduviri deben sustentar su defensa propia y los descargos ante el Consejo Regional. Además de no haber sido notificados por el Poder Judicial.
La fecha anunciada para el diez de septiembre para el debate de la suspensión temporal es sospechosa. Existe una mala intención del delegado del Consejo Regional Borda Cahua de favorecer a Aduviri con la remota idea de que volvería al Gobierno Regional después de una supuesta absolución por parte de la segunda instancia del Poder Judicial, y lo peor; garantizarle al Gerente General, Dione Pacoticona, el dominio jurídico para que por su intermedio Aduviri siga gobernando desde la cárcel, y así, mantener el statu quo con sus recomendados, ayayeros y los consabidos negociados. En el fondo se busca mantener que los hermanos sigan controlando el Gobierno Regional al margen de las decisiones que ya debería tomar Agustín Luque como legítimo reemplazante del encarcelado Walter Aduviri. Este despropósito fue arengado en la última sesión del Consejo Regional con frases como: “Hay una presión fuerte de la prensa y hay que mantener la unidad”. Tal vez Borda busca agradecer el cargo que ostenta de Delegado o cuidar a sus supuestos recomendados del que fue acusado en anteriores sesiones, poniendo además en duda su formación profesional de abogados y la casa de estudios de dónde egresó, restándole la buena reputación y sumándose al lugar común y los prejuicios que tiene por la ciudadanía puneña.
Borda debe recordar que las decisiones judiciales sobre la sentencia de su admirado líder aymara Aduviri no son revisables por el Consejo Regional, menos por él. Si los abogados de Aduviri necesitan demostrar la inocencia lo tienen que hacer en el mismo Poder Judicial y no en la sala de sesiones del Consejo Regional. Por lo tanto, no tiene sentido que los leguleyos vayan a presentarse a hacer un show para demostrar la inocencia de Aduviri ni ningún consejero tiene la función de absolver a su camarada encarcelado. Los demás argumentos de que esperan una respuesta a las consultas al JNE y las notificaciones del colegiado del Poder Judicial no son argumentos válidos para evadir la responsabilidad sobre la suspensión del protegido pero encarcelado gobernador.
Mientras tanto, en el Gobierno Regional campea la anarquía, el desorden y la corrupción. Ya se ha subrayado de los problemas presupuestales que afectarían al GORE por falta de un titular legítimo por estas falsas argucias de Borda y sus cómplices.
