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Arequipa: Presunta treta policial terminó con varón detenido
Un confuso incidente, que habría estado marcado por una presunta estrategia de los implicados, se habría registrado ayer en la mañana en las oficinas de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú en Arequipa.
De acuerdo con los hechos reportados, el poblador Noé Ardiles acudió a dicha dependencia tras ser citado para brindar su versión sobre la denuncia por abuso de autoridad que interpuso contra dos efectivos de la Unidad de Emergencias 105.
Como se recuerda, Ardiles denunció que el 27 de agosto, los agentes identificados como Gallegos y Ninasivincha lo intervinieron indicando que la moto que manejaba era robada. Le solicitaron dinero para liberarlo, sin embargo, al negarse fue intimidado con insultos y amenazas y lo retuvieron en el patrullero.
Ardiles acudió a las oficinas de Inspectoría para entregar los videos que tenía como prueba de los abusos. Sin embargo, denunció que dos agentes policiales habrían armado una treta para fingir que el ciudadano los agredió, lo que habría derivado en su inmediata detención.
Producto de esta presunta maniobra, Noé Ardiles fue trasladado por personal policial a la comisaría de Ciudad Mi Trabajo, en el distrito de Socabaya. La tensión aumentó cuando, durante una llamada telefónica al programa “Exitosa Te Escucha”, el propio Ardiles relataba desde su detención lo sucedido.
En medio de la transmisión en vivo, se escuchó cómo agentes de la comisaría se abalanzaron sobre él para quitarle el equipo móvil, impidiendo que continuara con la comunicación. Este acto quedó registrado en audio para los oyentes. Se espera que se inicien las diligencias para determinar las responsabilidades.
Retrasos y S/ 20 millones de más en hospital de Juli
A mediados de marzo, con toda pompa, el Gobierno Regional de Puno dio por iniciada la construcción del hospital Rafael Ortiz Ravines de Chucuito Juli asegurando que, en el plazo de 6 meses estaría construído el hospital de contingencia para lo cual se estimó un presupuesto de S/ 202 millones 800 mil.
Pues bien, a poco más de 6 meses del inicio no hay noticia del hospital de contingencia y el presupuesto se incrementó en más de S/ 20 millones llegando a s/ 225 millones 362 mil 660. De acuerdo al último reporte del residente de obra, al 15 de septiembre del 2025 el avance físico se estima en 3.64 %. A mediados de agosto, aún se instalaba la conbertura metálical del hospital de contingencia.
SOBRECARGA
Desde marzo, Los Andes advirtió que la empresa detrás del contrato, CMO Group S.A.C. cuenta con una amplia y turbia experiencia en construcción, y actualmente está sobrecargada con múltiples proyectos.
El 17 de marzo, ganó un contrato para la construcción del hospital de Ferreñafe por un monto de S/ 174 millones de soles; el 13 de enero de 2025, firmó un contrato por S/ 221 millones de soles para la construcción del hospital de apoyo de Celendín en Cajamarca.
El 27 de enero, como parte de un consorcio, firmó un contrato por S/ 24 millones de soles para la ampliación de un establecimiento de salud en el distrito de Antonio Raymondi, entre otros. Es decir, en la actualidad, la empresa está desbordada de obligaciones en varias regiones.
San Román: Señalan a presuntos autores intelectuales de la muerte de Sara Calla
Se dice que hay crímenes en los que no importa quién disparó el arma sino, quién compró la bala. La muerte de Sara Calla Chejje es uno de esos casos. En manos del Poder Judicial está un pedido de la fiscalía para ampliar la investigación sobre Sara Calla. El motivo: la inclusión de un grupo de sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen.
El fiscal Edgar Rafael Machaca Mamani tuvo el valor de incluir en su investigación a: Percy Enriquez Lino, dueño del inmueble donde funciona el local Amazonas y exfuncionario del municipio de Juliaca; a Mario Condori Tamayo, el dueño de tres locales nocturnos de la avenida Circunvalación; María Condori Quispe, dueña del local “Brindis”, Patrick Dereck Fernández Osorio, dueño del local Amazonas y Martín Dueñas Calizaya, dueño del local Mar de Copas ubicado justo frente a la casa de Sara Calla.
CONSPIRACIÓN
El 15 de julio de este año, el testigo protegido mencionó los nombres de los supuestos responsables; sin embargo, sea por estrategia o por sus propias reservas, no dio mayores detalles, además de mencionar el ofrecimiento de grandes sumas de dinero y graves amenazas a los dirigentes para torcer su voluntad de cerrar los locales nocturnos.
Con su señalamiento, la fiscalía pretende levantar el secreto de sus comunicaciones en el periodo cercano al asesinato de la dirigente. Se debe apuntar que la mañana del día 17 de junio, horas después del asesinato, exactamente a las 9 de la mañana, el sicario Israel Levi Mejía Guevara recibió una llamada de un número que sería de quien lo contrató para el crimen.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La tesis fiscal apunta a la presunta existencia de una organización crimina: “De lo cual, se advierte claramente que existe un grupo de personas que son más de tres dedicadas al rubro de locales nocturnos (bares, night clubs y discotecas clandestinas), quienes vienen cometiendo diferentes delitos.
Con tal de no ser obstaculizados en sus actividades clandestinas vienen, amenazando de muerte a los dirigentes, enviando representantes (abogados ofreciendo dinero), contratando sicarios para asesinar a cual dirigente o vecinos intenten hacer cerrar sus locales nocturnos, de lo cual se infiere que estos estarían organizados, todo con la finalidad de evitar acción alguna de cierre de sus locales y seguir funcionando sin obstáculos, locual constituye el delito de banda criminal y lo más probable es que estos conformarían una organización criminal lo cual debe ser materia de investigación”, dice parte de su pedido.
De fuente confiable del Ministerio Público se indica que la fiscalía tiene más indicios, pero los guarda para etapas posteriores del proceso penal.
Arequipa: Ofrecieron S/50.000 para frenar prisión preventiva de chofer que atropello a niño
Familiares del acusado habrían ofrecido S/50.000 a los parientes de la víctima para que no se dicte prisión preventiva; la Fiscalía pidió la medida y el chofer quedó detenido.
POR: Karen Ccama
Un presunto intento de soborno de S/50.000 salió a la luz durante la audiencia por el choque que dejó sin vida a un niño en Arequipa. Allegados del conductor habrían ofrecido esa suma para evitar que se imponga prisión preventiva al acusado; la propuesta fue rechazada y denunciada en el proceso judicial.
El hecho ocurrió en el sector Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado, y según la Fiscalía, el conductor, identificado como Romeyder Alejandro Molina Contreras, habría estado en estado de ebriedad al momento del accidente. El vehículo fue retenido y el acusado detenido tras el choque que terminó con la vida del menor.
En la audiencia, la defensa intentó presentar la caución de S/50.000 como alternativa a la detención, pero el tribunal rechazó la oferta. La Fiscalía solicitó prisión preventiva al considerar que existen suficientes indicios que vinculan al imputado con el hecho y que su libertad podría entorpecer la investigación.
La decisión final sobre la situación judicial del conductor quedará en manos del Poder Judicial, que deberá evaluar la solicitud de la Fiscalía.
PUNO: Diario Los Andes 23/09/2025
AREQUIPA: Diario Los Andes 23/09/2025
Los consejeros regionales de Puno aprendieron las mañas de los congresistas
Entre enero y junio de 2025, los consejeros regionales se sirvieron de S/ 904 mil 206 para un supuesto trabajo de fiscalización. La síntesis del reporte de sus gastos se plasma en el “Balance Semestral de Los Consejeros Regionales sobre el Monto Destinado al Fortalecimiento de la Función de Fiscalización” y dicho documento, por lo menos sugiere manejos sospechosos de dichos montos.
Es importante indicar que dicho informe da cuenta de 162 actividades de fiscalización. Cada una de ellas cuenta con un presupuesto y, es ahí donde saltan las primeras alarmas. Figuran actividades de fiscalización que cuestan S/ 9 mil soles; otras de S/ 1 mil pero, hay otras que costaron hasta S/ 33 mil y varias de S/ 20 mil para arriba.
Cuando se entra en detalle, afloran más indicios de un festín, al puro estilo del Congreso de la República lo que explicaría la actitud complaciente de los consejeros regionales ante los actos de presunta corrupción en el Ejecutivo del gobierno regional. S/ 900 para comprar papel, S/ 3 mil para útiles de escritorio S/ 6 mil para alquilar camionetas a pesar de que el lugar de la fiscalización está a cuadras de la Plaza Mayor de Puno y miles de soles en pago a profesionales y todo para indicar que “falta compromiso” o verificar que las máquinas funcionen en tal o cual obra.
Los gastos se vuelven llamativos y más aún cuando se ha generalizado la costumbre de cobrar “cupos” o “ mochar sueldos”, es decir, exigir un porcentaje del sueldo a cambio del puesto de trabajo. Probar estos hechos es, por demás difícil y para este caso, simplemente no hay pruebas pero la cifra global de gastos es por demás incriminatoria: S/ 904 mil 206 en el primer semestre del 2025, más del triple de lo gastado en el segundo trimestre del año 2024.
De hecho, se prevé que los “gastos de fiscalización lleguen a los S/ 2 millones 695 mil 434 tal como figura en la información general presupuestal de la actividad de “Fortalecimiento de la capacidad de Fiscalización” para el consejo regional.
CUESTAN COMO CONGRESISTAS
Sin duda el caso más extremo y llamativo es el del consejero Rolando Rivera cuyos gastos representan la mitad de todo el presupuesto destinado a fiscalización. De acuerdo al informe sus gastos suman S/ 492 mil 514 soles. Fuentes del Consejo Regional se muestran incrédulos y deslizaron posibilidad de que se pueda tratar de un error del mismo consejero en el reporte. Si así, el consejero regional Rolando Rivera desaprovechó la oportunidad de explicar el supuesto error. Entre risas nerviosas dijo: “ nosotros no manejamos.
El consejo es el que contrata” y mostró una orden de servicio antes de escurrirse de la prensa. Lo cierto es que en sus informes figuran gastos por demás llamativos si uno se apega a los documentos sobre sus palabras.
S/ 7 MIL PARA CRUZAR LA CALLE
Según su informe dispuso de S/ 7 mil 380 para trasladarse a la Diresa, a seis cuadras y un poco más del del Consejo Regional. En sus informes también aparece otro gasto por S/ 7 mil 380 para trasladarse a la DRE, lugar donde el pasaje cuesta un sol.
La misma cantidad (S/ 7380) aparece para trasladarse a la Oficina De Formalización y Catastro Urbano; otros S/ 7 mil 380 para ir a la gerencia regional de Desarrollo Agraria, cruzando la calle, justo al frente del Consejo Regional: otros S/ 7 mil 380 para ir a la sede del gobierno regional a tres cuadras del Consejo Regional; la misma cantidad para ir las oficina de Prorridre en la ciudad de Puno, y así, sucesivamente solo con las camionetas… miles y miles de soles para llegar a lugares donde la gente común lo hace con una moneda de un sol. “Debe tratarse de un error” dicen las fuentes del Consejo Regional… pero el consejero no toma ese salvavidas.
“APOYO TÉCNICO”
Cuando se observan los gastos de otros consejeros se encuentran cifras de este tipo: Alquiler de camioneta: S/ 240 soles y “Contador para el apoyo técnico” a S/ 400 soles. Estas cifras es explican en el contrato de un profesional para varios trabajos o acompañamiento en múltiples actividades de fiscalización.
“Por ejemplo, se la paga a un profesional S/ 3 mil soles para 3 o 4 actividades y, en el informe figuran cifras como S/ 500, S/ 200 y así hasta completar el pago completo”, explicaron. Todo bien hasta ahí pero, cuando se revisan los resultados de la fiscalización se encuentran logros como: “ Por ejemplo Jhon Aquice le pagó supuestamente S/ 2 mil 700 a un ingeniero civil, S/ 1 mil 800 a un abogado y S/ 900 a un asistente para fiscalizar la Red de Salud de Lampa.
Todo para lograr, según su informe: “Se logró mayor compromiso del personal luego de haber realizado las constataciones al establecimiento de salud” Es decir más de S/ 7 mil para recomendar: “ Se recomienda una fiscalización permanente al funcionamiento del Hospital Antonio Barrionuevo de para identificar problemas y plantear soluciones a fin de mejorar atención del sistema de salud”.
En comparación, Jaime Chanel le pagó S/ 6 mil 600 a un abogado pero su informe detalla bastantes recomendaciones y hallazgos que condensa en más de 6 páginas llenas de precisiones técnicas. Para abreviar, se presenta el cuadro de gastos de cada uno de los consejeros de la suma de sus gastos reportados en sus informes.
Arequipa: Alcalde de Cerro Colorado Vera Paredes cobró su sueldo estando prófugo
Tres comprobantes de pago evidencian un extraño mecanismo para cobrar los sueldos de marzo, abril y mayo del 2023 del burgomaestre de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, quien el 25 de mayo de 2023 fue sentenciado y pasó a la clandestinidad. Los montos fueron cobrados por el ahora gerente municipal, Antonio Acosta Villamonte, a través de cheques y trámites realizados durante la ausencia del burgomaestre.
Todos los pagos se efectuaron mediante cheques el 21 de junio de 2023, lo cual sería irregular. Los Andes tiene todos los pormenores de la historia en torno a este inusual hecho que pinta de pies a cabeza al alcalde y a su gerente, y que ha ameritado una denuncia en la Contraloría Manuel Enrique Vera Paredes apareció en público por última vez ese año. Asistió al aniversario de Cerro Colorado como alcalde y anfitrión de la ceremonia. Ese día evitó referirse al proceso judicial que lo perseguía desde 2022.
Al día siguiente, jueves 25, despachó en el municipio hasta las 2:00 p.m. A las 4:00 p.m., la Cuarta Sala Penal de Apelaciones confirmó su condena a ocho años de prisión por lavado de activos. No asistió a la audiencia virtual. La justicia determinó que no pudo justificar la compra de una vivienda en 2009, un depósito de 100 mil soles en 2012 ni la adquisición de un vehículo en 2013.
Se dispuso además el decomiso de sus bienes y el pago de S/ 186 mil de reparación civil. Sus explicaciones, ahorros como militar jubilado, trabajos en el extranjero y hasta la venta de patos pekineses, fueron descartadas. No se supo qué hizo esas primeras horas de clandestinidad, hasta ahora que se ha hecho público un poder notarial inscrito en Registros Públicos ese mismo 25 de mayo de 2023. Aquel poder fue otorgado por Vera a favor de Acosta -en momentos que la Policía ya buscaba al primero- en una notaría ubicada a escasos metros de la comisaría de Santa Marta y del Poder Judicial, minutos antes de que cierre la notaría.
El poder de 5 páginas, registrado en la Partida N° 11546463, le concedía a Acosta facultades casi absolutas: representación judicial, administrativa, contractual y hasta bancaria. Entre ellas, la posibilidad de “cobrar cheques bajo cualquier modalidad”. El documento que costó 24 soles, insiste en que son emitidas “con las más amplias facultades, sin que pueda ser tachado de insuficiente por ningún motivo”. Tras esto comenzó un extraño proceso.
CHEQUES
Tras la “fuga” de Vera, se comenzó a pedir los pagos del alcalde a favor de Acosta Villamonte, ya en plena gestión de la alcaldesa interina Gina García. En ese momento funcionarios eran los mismos que dejó Vera como alcalde. El primer caso fue la remuneración de marzo. En el expediente SIAF N° 1780, se registró inicialmente el cheque N° 18208837 por S/ 9,208 a favor del alcalde, emitido el 29 de marzo, pero anulado el 24 de abril. Este hecho es extraño, puesto que, hasta ese momento el alcalde no tenía sentencia y podía cobrar directamente.
Luego, el 3 de mayo, se generó el cheque N° 18873217 por el mismo monto, que también fue anulado el 13 de junio. Finalmente, el 21 de junio, se giró el cheque N° 18873455, esta vez a nombre de Antonio Acosta Villamonte, por S/ 9,208. El mismo esquema se repitió con las planillas de abril y mayo.
Todos fueron procesados en el SIAF el 21 de junio del 2023 y formalizados mediante los comprobantes de pago N° 6432, 6433 y 6431, de S/ 9,208, S/ 9,208 y S/ 9,848 respectivamente, firmados y autorizados desde la Tesorería municipal, lo que permitió a Acosta, en ese momento exfuncionario de Cerro Colorado, cobrar remuneraciones de Vera a través de cheques.
Acosta Villamonte, en la fecha de cobro, ya no era gerente municipal, pero según versiones presionó para la realización del pago. Según el abogado municipal Christian Talavera, el pago del sueldo del alcalde se realiza a través de planillas y no mediante cheques.
Este procedimiento concuerda con lo establecido, ya que el desembolso de remuneraciones debe efectuarse exclusivamente mediante abono en cuentas de haberes en el Banco de la Nación o en el sistema financiero privado, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1441 y la Directiva de Tesorería N° 001-2007- EF/77.15 y sus modificatorias.
DENUNCIA
El 18 de agosto de 2025 se denunció estos hechos ante la Contraloría, señalando un presunto caso de malversación y peculado en la Municipalidad de Cerro Colorado. Según la acusación, los funcionarios Roxana Maribel Torres Tito (tesorera) y René Mario Ramos Gonzales (administrador) autorizaron pagos irregulares a favor del entonces exgerente Antonio Acosta.
La denuncia también involucra a Mariel Haydee Carpio Villanueva y Elvis Percy Riquelme Apaza, de Contabilidad, por validar la operación en el SIAF. Se presentó comprobantes de pago y la vigencia de poder notarial como pruebas y pidió que se determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Se argumenta que el caso no solo configura un perjuicio económico para la municipalidad, sino también una vulneración a normas expresas que obligan a pagar remuneraciones mediante depósitos en cuentas bancarias personales.
RESPUESTAS
Tras la denuncia, se produjeron hechos llamativos. El regidor Alonso Ranilla Barrios recibió una carta notarial suscrita por Acosta Villamonte y Torres Tito, en la que se le exige rectificación por la denuncia difundida. Lo inusual es que este documento aparece cuando, oficialmente, la denuncia es anónima y con todos los detalles aquí expuestos, lo que abre la sospecha de una posible filtración de información interna desde la propia Oficina de Control Interno (OCI).
Al ser consultado sobre el hecho, Ranilla aseguró: “Yo creo que hay que investigar a todos”, incluidos funcionarios de la época y el alcalde. Añadió que los pagos indebidos se pudieron facilitar gracias a “favores administrativos” y contactos internos.
Al ser consultada sobre los pagos cobrados por Acosta en reemplazo de Vera Paredes, la teniente alcaldesa Gina García aclaró: “No pasa por Alcaldía, eso pasa por las oficinas correspondientes… No lo sabía”. Señaló que, al momento, Vera tenía sueldos pendientes, y que el pago pudo haberse autorizado por el propio alcalde de manera indirecta.
Reiteró que no participó directamente en los pagos y que corresponde investigar las posibles irregularidades de los hechos. Acosta también fue abordado por Los Andes, pero decidió no dar declaraciones más allá de mencionar que todo “estaba en la ley”, rehuyendo las preguntas. También se intentó obtener una respuesta del alcalde, pero este no quiso escucharnos.