En un esfuerzo por asegurar la imparcialidad del Estado durante el proceso electoral de 2026, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo Nº 054-2025-PCM, mediante el cual establece una serie de disposiciones que buscan garantizar la neutralidad de los funcionarios públicos durante el periodo electoral.
El decreto responde al mandato constitucional que exige que los servidores públicos actúen al servicio de la Nación sin favorecer a ninguna agrupación política. La medida cobra especial relevancia tras la convocatoria oficial a Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, mediante el Decreto Supremo Nº 039-2025-PCM, que contempla la elección del presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.
NORMA
El Decreto Supremo impone el respeto a principios como neutralidad, discreción, legalidad, equidad, igualdad, transparencia e integridad pública. Todos los funcionarios, directivos y servidores del Estado, sin distinción de régimen laboral o contractual, están obligados a cumplir la norma. Se prohíbe expresamente realizar actos de proselitismo político durante la jornada laboral, usar bienes públicos con fines electorales, así como permitir o facilitar el uso de infraestructuras del Estado para eventos partidarios.
Además, se veta cualquier tipo de opinión política que emitan funcionarios de confianza a través de medios de comunicación o redes sociales, incluso fuera del horario laboral.
PROHIBICIONES
Las principales restricciones son que no se podrá utilizar la imagen, nombre o cargo de un funcionario en campañas publicitarias financiadas con recursos del Estado.
Asimismo está prohibido difundir propaganda electoral dentro de las instituciones públicas. También se sancionará el condicionamiento de servicios públicos a la afinidad política de los ciudadanos. Finalmente los funcionarios que postulen a cargos públicos deberán abstenerse de participar en inauguraciones de obras o reparto de bienes desde 90 días antes del sufragio.
CANAL DE DENUNCIAS
Cualquier ciudadano podrá reportar infracciones a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (https://denuncias. servicios.gob.pe), de forma anónima o reservada. Las entidades están obligadas a investigar estos casos, adoptar medidas de protección para los denunciantes y, en caso corresponda, derivarlos a los Jurados Electorales Especiales.
ALCANCE
El decreto también se extiende al Congreso, al Poder Judicial y a los Organismos Constitucionales Autónomos, que deberán emitir disposiciones internas para asegurar el cumplimiento del deber de neutralidad.
MEDIDA CLAVE
La promulgación de esta norma se da en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. El Gobierno busca, con estas disposiciones, no solo prevenir el uso indebido de recursos públicos, sino también reforzar la integridad institucional en un proceso electoral clave para la democracia peruana.
