Se cumplen casi 15 años desde que la represa San José de Uzuña fue inaugurada con bombos y platillos por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), pero hasta hoy no puede ser usada legal ni plenamente por los agricultores de la cuenca sur oriental de Arequipa.
En lugar de llevar agua y prosperidad al campo, el embalse se ha convertido en un caso paradigmático de desidia institucional, falta de planificación y desconocimiento de los derechos comunales.
A lo largo de distintas gestiones regionales, varios gobernadores intentaron destrabar el proyecto, sin embargo, la administración de Rohel Sánchez ha sido la excepción y parece haber optado por dar un paso al costado, dejando para la siguiente autoridad la recuperación de esta importante represa.
Los Andes intentó obtener alguna explicación sobre los avances por parte de la gerencia de Agricultura del GRA, a cargo de Helard Nina Pachauri, sin obtener respuesta alguna.
REPRESA
La represa construida a más de 3,223 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Polobaya, fue anunciada como una solución al déficit hídrico de la vertiente oriental de la cuenca del río Chili. El proyecto se inició en 2007 y fue inaugurado en 2010, con una inversión financiada por el GRA, con recursos del canon y recursos ordinarios.
El objetivo era ambicioso: beneficiar a más de 3,000 hectáreas de cultivo y asegurar agua para cerca de 1,000 agricultores, en su mayoría pertenecientes a comunidades campesinas. El costo final del proyecto ascendió a S/ 21,536,509, monto aprobado por el GRA mediante la Resolución Nº 093-2015-GRA/GGR, correspondiente a su liquidación técnico-financiera. El financiamiento provino principalmente del presupuesto regional, aunque fue complementado con aportes del sector privado.
La minera Cerro Verde participó en el cofinanciamiento como parte de un esquema de responsabilidad social. La propia Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la empresa, ha destacado públicamente que Cerro Verde colaboró con las represas de Pillones, Bamputañe y esta última San José de Uzuña.
La infraestructura se encuentra ubicada entre los cerros Yanaorco, Paltaorco y Humpuco, en la confluencia de los ríos Totorani y Hospicio, que forman el río Polobaya, en el sector de Pampa de Ccoragache, distrito de Polobaya. Puede captar hasta 9.7 millones de metros cúbicos (m³) de agua. No obstante, por deficiencias técnicas no resueltas, actualmente solo se almacena alrededor de 7 millones de m³. A esto se suma el deterioro de su compuerta principal, la cual hoy no puede ser regulada.
La represa debía beneficiar directamente a los distritos de Polobaya, Quequeña y Yarabamba, tres jurisdicciones que enfrentan una histórica escasez hídrica y cuya economía depende casi exclusivamente de la agricultura de altura. Sin embargo, el agua sigue sin llegar de forma programada a los campos, condenando a los productores al abandono y al rezago productivo.
“ELEFANTE BLANCO”
La obra se ejecutó en la gestión del expresidente regional Juan Manuel Guillén, sin embargo, nadie advirtió que la construcción se hizo sobre unas 80 hectáreas de terreno “privado” de la comunidad de Polobaya. Esto impidió que el Estado administre formalmente la infraestructura desde el día de su inauguración.
El último intento por procurar el verdadero funcionamiento de la represa, data del 20 de septiembre de 2022, durante la gestión regional de Kimmerlee Gutiérrez, cuando se aprobó el Acuerdo Regional Nº 085-2022, que declaraba de necesidad pública el saneamiento físico-legal del predio y encargaba al Ejecutivo su ejecución urgente.
Sin embargo, el 21 de septiembre de 2023, el Primer Juzgado Constitucional de Arequipa, a cargo de la jueza Karina Apaza del Carpio, declaró fundada la acción de amparo interpuesta por la comunidad campesina de Polobaya y ordenó anular dicho acuerdo.
Según la sentencia, el GRA vulneró el derecho a la consulta previa, propiedad comunal, identidad étnica y autonomía de la comunidad, al aprobar el acuerdo sin participación de los afectados. Además, se suspendieron todos los procedimientos administrativos vinculados al saneamiento. La gestión del gobernador Rohel Sánchez, fiel a su estilo, se desentiende del destrabe de este importante proyecto agrario.
ABANDONO
Al respecto, el alcalde de Polobaya, Wenceslao Cabana, señaló que las negociaciones solo se avanzaron con Kimmerlee Gutiérrez y quedó estancado con Rohel Sánchez. Esta inacción ha dejado en el abandono a miles de agricultores de la cuenca. Giraldo Coaguila Coaguila, presidente de la Junta de Usuarios del Chili no Regulado, explica: “Nosotros estamos de acuerdo en dialogar, pero hay pretensiones de la comunidad que necesitan análisis técnicos. Mientras tanto, a nosotros no nos dan el agua que solicitamos para la represa”. La inestabilidad del gobierno de Rohel también los afecta.
“No se dialogó formalmente con la comunidad. Hubo intentos de arreglo, pero cada cambio de gerente o autoridad regional reinicia el conflicto”. Esto también sucede al buscar nuevos proyectos. La crisis hídrica hace que de las 8,000 hectáreas de terrenos, solo se cubra 2,500.
“Si no hay agua, ¿cómo vamos a regar? Hablamos de cultivos como el ajo y la cebolla, que ya casi no se siembran. Los agricultores venden sus tierras o migran para sobrevivir”, agrega Coaguila. Asimismo, la infraestructura enfrenta problemas críticos. “La compuerta está malograda desde hace años.
No se puede almacenar ni liberar agua correctamente. Lo que hacemos es sifonear el agua por encima”, detalla. Además, el trasvase del río Poroto, que alimenta la presa, no funciona. El olvido va más allá, pues también el GRA se olvida de los regantes afectando los cultivos. ”El gobierno regional no prioriza la agricultura. Nos piden proyectos, pero no hay presupuesto. Para obras de riego, nos dicen: ‘ya se acabó el dinero’”, señala.
