Puno: Entidades correspondientes no difunden penalidades por colapso de relave y empresas mineras siguen en actividad

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El 3 de diciembre de 2021 la Fiscalía en Materia Ambiental de Puno abrió una investigación preliminar por 60 días para determinar las presuntas responsabilidades y los daños generados tras el desborde de relaves mineros en Ananea (Putina), afectación que sería de responsabilidad de la unidad fiscalizable San Antonio, de la Central de Cooperativas Mineras de la unidad minera San Antonio de Ananea (Cecomsap).

Esta pericia fiscal debió concluir el 4 de febrero pasado y mostrar los resultados de las investigaciones y sanciones, pero hasta el momento no se ha dispuesto nada de manera pública.

Acciones del GRP

El Gobierno Regional de Puno (GRP), a través del proyecto “Mejoramiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en cuencas de la región Puno” presentó el piloto “Reducción del Uso del Mercurio en la Minería del Oro”, en Ananea y Cojata, sin resultados cuantitativos de impacto positivo en la zona. 

Sin embargo, acerca de la sanción resolutiva de parte de la Dirección Regional de Energía y Minas (Drem), no se tiene ningún resultado y menos un pronunciamiento al respecto.

Funciones

Por su parte, el especialista en recursos hídricos, monitoreo y evaluación, Fran Lino Talavera, dijo que diversas entidades tienen la obligación de ver el asunto. 

“Debió intervenir oficialmente el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), con la Autoridad Local del Agua (ALA), que son encargadas de intervenir y sancionar; uno por los efectos de la contaminación y la otra por el recurso hídrico. En caso de haberse presentado las respectivas acciones se está incurriendo en la omisión de funciones”, sostuvo.

Cabe recordar, en ese marco, que la única acción visible de la Drem del GRP, encabezado en ese entonces (cuando ocurrió el desastre) por Wilfredo Menéndez, fue constituirse al lugar con un equipo técnico y disponer la paralización indeterminada de todo tipo de actividades en la zona. 

Luego, como ente administrativo, la dependencia habría dispuesto sancionar a la Cooperativa Minera San Antonio, titular de la poza de sedimentos que colapsó, aunque no se aclaró de qué manera y por cuánto se aplicó esta medida sancionadora, además de si se hizo efectiva o no tal medida.

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