El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, a cargo del fiscal provincial William Otazú Pinto, intervino el domicilio donde, al parecer, un policía habría descargado combustible de la PNP.

Dicha diligencia a la vivienda ubicada en el jirón Rivarola Miranda, del barrio Orkapata, se cumplió el último viernes, día en el que la fiscalía también intervino la Oficina de Inteligencia de la Policía Nacional de Puno, para la investigación del presunto hurto de combustible.

Según se supo, el caso es investigado por los fiscales William Otazú, Franklin Joseph Chuchullo Huanca, Carlos Jáuregui Huayapa y Christian Arenas Velásquez, quienes realizaron la diligencia con orden judicial.

Efectivos policiales de la comisaría de Sandia, tras una labor de inteligencia, lograron la captura de un sujeto que tenía requisitoria vigente por haber cometido el presunto delito de hurto agravado.

El último viernes en la tarde, agentes de dicha dependencia intervinieron a Riter Blanco Mamani (26), en el sector Puna Ayllu, del distrito de Cuyocuyo (Sandia).

Según fuentes policiales, dicha persona era buscada por haber cometido el delito de hurto en la ciudad de Juliaca, y era solicitado por el Juzgado Penal de San Román.

Días atrás se publicó la R.D N° 017-2020-EF/50.01, donde se aprueban los resultados de la evaluación del cumplimiento de metas del plan de incentivos al 31 de diciembre del 2019 que es el instrumento del presupuesto por resultados, es decir, los municipios se benefician con mayores transferencias de recursos por el cumplimiento de metas.

En ese sentido, el economista Wilber Cutipa Alejo, el cumplimiento de la meta N° 01 que corresponde a la ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado con una ejecución de gasto de inversión mínimo de 85% al 31 de diciembre.

Detalló que del registro de seguimiento de la ejecución de obras con un mínimo de 45% de ejecución, los 110 municipalidades de la región Puno, 39 municipalidades cumplieron con la ejecución de gasto de inversión por encima del 85% y 71 municipalidades que no cumplieron con la meta.

Remarcó que, en este grupo de los que no cumplieron, están siete municipalidades provinciales los cuales son; Puno, Azángaro, Carabaya, El Collao, Melgar, Moho y Yunguyo, quienes recibirán menores o ínfimos recursos. 

Asimismo, refirió que la ineficiencia del gasto por resultados al 31 de diciembre del año fiscal 2019 representa el 65%, equivale a 71 municipalidades sin capacidad de gasto de inversión, pero de estos resultados, las municipalidades en el presente año fiscal nuevamente son candidatos potenciales de incumplir las metas del programa de incentivos, dijo.  

algo +: La meta más importante a cumplir es la “entrega efectiva de canastas familiares”, ante ello, los indicadores alertan que 36 municipalidades corren el riesgo de no cumplir la meta de plan de incentivos al 15 de junio de 2020, entre ellos están las municipalidades provinciales de Chucuito, Puno, San Román, Huancané, Melgar, El Collao, Melgar, Carabaya y Yunguyo.

 Ante las polémicas declaraciones vertidas de la gerente de gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Puno, sobre el recojo de residuos biocontaminados de los hoteles, el periodista especializado en turismo, Oscar Pino Ponce, mencionó que es una irresponsabilidad de parte de la funcionaria al omitir sus funciones.

Asimismo, señaló que los hoteles han contribuido en facilitar sus ambientes para que los trasladados guarden cuarentena y tienen residuos durante más de 14 días que han estado almacenados provocando contaminación al medio ambiente, “es inconcebible poner en riesgo la vida y la salud de muchas personas”, sostuvo.

Además dijo que la gerente actúa de manera infantil, al no poder coordinar con la Diresa, Gobierno Regional y Comando Regional Covid-19, acotó que no se está cumpliendo el decreto supremo 047-2020, por lo que, “Claudia Ramos debe dar un paso al costado”, puntualizó.

El vicepresidente del frente de defensa de la cuenca Coata, Félix Suasaca Suasaca, manifestó que desde ayer ya no están dotando de agua en cisternas para los pobladores afectados por la contaminación del río, “esto hasta nuevo aviso”.

Señaló que, es por la conclusión del contrato con la empresa que estuvo dotando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), por ello, refirió que el alcalde de Coata ha solicitado la ampliación de dotación de agua.

Asimismo, mencionó que los dirigentes de los distritos afectados, exigirán al MVCS a que pueda ampliar la dotación de agua y que el nuevo contrato debe realizarse con todo los protocolos sanitarios ante la pandemia de covid-19, indicó.

Tras la renuncia de César Orestes Luizar Obregón, al cargo de gerente general de la empresa prestadora de servicios eléctricos Electro Puno S.A.A. ocurrido la tarde del último jueves, ayer en sesión maratónica de directorio se nominó como nuevo gerente general encargado a; Luis Alberto Mamani Coila.

Ademas se encargó a Carolina Luque Arapa, en el cargo de gerente comercial, cargo que estaba ocupado por Percy Arriaga Arredondo, quien también renunció la cargo junto al gerente general.

Al respecto, el presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno, Amador Nuñez Mamani, señaló que estas decisiones del directorio solo sea de encargatura por el momento, “no vamos a permitir que se queden con el cargo, pedimos una reestructuración total”, dijo.

“no nos da ninguna garantía de subsanar los errores cometidos en la facturación”, expresó el dirigente frente a los cambios anunciados en la gerencia de la entidad.

Observó que la señora Carolina Luque Arapa, es actual trabajadora de Electro Puno en la ciudad de Juliaca lo que no representaría ningún cambio sustancial. “Pedimos también el cambio del directorio, tiene que asumir nuevos profesionales puneños”, subrayó.

Por su parte, el vicepresidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones Populares (CUBUP) Puno, José Churayra, manifestó que no están de acuerdo con esta designación, dijo que, estos señores ya han tenido la oportunidad de dirigir a Electro, “queremos que se apueste por gente nueva de Puno”, concluyó.

DESPIECE

Oficializan cargo en conferencia de prensa 

En ese contexto, el nuevo gerente, ofreció una conferencia de prensa, para dar a conocer las últimas decisiones con relación a los múltiples reclamos de los usuarios, donde anunció que se realiza una nueva facturación de los meses de marzo y abril con el fin de subsanar los errores cometidos.

Señaló que, se realizará una auditoría a la gerencia de comercialización, la cual concluya en un informe en el que se detecte las irregularidades cometidas en el proceso de facturación.

Finalmente dijo que, están asumiendo en calidad de encargatura hasta que se designe a los gerentes de manera oficial, acotó que uno de los objetivos inmediatos en recuperar la confianza de los clientes por lo que pidió disculpas por las omisiones que hayan tenido.

La semana pasada se conoció que en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), varios catedráticos nombrados y contratados ejercían la docencia a tiempo completo, pero, a la vez, trabajaban para el Estado, en el sector Salud.

A propósito, en el artículo 40, párrafo primero de la Constitución, se indica: “Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente”. 

Esto significa que un servidor del Estado puede desempeñar más de un cargo dictando clases en una universidad estatal, pero solo a tiempo parcial.

En ese contexto, el presidente de la Comisión Restructuración Académica de la UANCV, en fecha 14 de abril del 2020, mediante oficio N° 002-2020-VRACD-UANCV-J.,informó que hay 37 docentes que desempeñaban doble empleo, que “dictaban” clases a tiempo completo y al mismo tiempo trabajaban en las distintas Redes de Salud de la región.

Algunos de estos, son: las hermanas Mariluz Cruz Colca y Silvia Natividad Cruz Colca, así como María Figueroa Vilca, todas enfermeras; las obstetras Carol Zúñiga Zúñiga, Graciela Bernal Salas, Sonia Benita Fernández Tapia y Esperanza Cueva Rossel; y la cirujano dentista Edith Cari Checa.

Asimismo, las enfermeras Laura Muñoz Carbajal, Gladys Torres Condori, Amelia Pérez Abarca, Rita Salas Zea y Teresa Ramos Rojas; la obstetra Patricia Ortiz Ampuero; la odontóloga Elsa Pizarro Merma; y la contadora Sonia Tipula Ticona.

Otros funcionarios de la Diresa que también dictan clases en la UANCV, eran: Víctor Quintana Paco y Aurelio Ríos Pineda, ambos en la oficina de logística; Gilberto Jaén Valdarrago, de la oficina de imagen institucional; y la enfermera Ubaldina Maldonado Sanabria.

El abogado Gustavo López Llanos indicó que frente a esta realidad, las autoridades de la región y el procurador regional deben iniciar una rigurosa investigación, y sancionar administrativamente a estos malos elementos, ya que habrían abandonado dolosamente sus puestos de trabajo para sacar beneficio económico personal.

Asimismo, dijo que habrían incurrido en responsabilidad administrativa y civil, por lo que tienen que ser sancionados hasta con la destitución del cargo y devolver los dineros cobrados en forma ilegal del Estado. “El Estado no puede pagar a un servidor que abandona su puesto de trabajo”, puntualizó.