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AREQUIPA: Diario los Andes 04/07/2025
Dirigente de Juliaca advierte colusión de funcionarios con discotecas
Funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román tendrían ciertas “conexiones” con los dueños de locales nocturnos o discotecas ilegales que proliferan impunemente en la ciudad de Juliaca. Según el dirigente Orlando Sanga Yampasi, estos funcionarios serían parte de una presunta organización criminal.
SOSPECHOSOS
Sus sospechas recaen principalmente en el actual subgerente de Defensa Civil de la comuna sanromina, Yuri Vla dimir Zapata Yactayo, a quien acusó de otorgar el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) a los administradores de una discoteca que no tendría condiciones para funcionar como local nocturno.
Además, reveló que desde la municipalidad se estaría filtrando información a las discotecas sobre operativos inopinados que se realizan en conjunto con la Policía, Ministerio Público, Migraciones, entre otros.
SEGUIMIENTO
Precisamente esto habría ocurrido el día martes 01 de julio, después de la reunión multisectorial que sostuvieron las autoridades y representantes de las instituciones públicas. Sanga Yampasi reveló que al término de la reunión, se dirigieron al jirón Tumbes a realizar un operativo en dos establecimientos que fueron clausurados anteriormente.
Sin embargo, cuando llegaron al lugar, ambos antros estaban cerrados. Esto no sería una casualidad. Para el dirigente, alguien del municipio habría alertado sobre la visita inopinada a los dueños de los locales nocturnos.
“Lamentablemente dentro de la mesa directiva hay infiltrados, no sabemos si es por parte de la Policía, del juez, de la fiscalía o de los mismos dirigentes. Ayer (martes), hemos decidido levantar el acta para las acciones penales, sin embargo, fueron alertados. Llegamos y estaban cerrados. “Sospechamos que los que están ‘soplando’ son los mismos funcionarios de la municipalidad”, denunció, visiblemente contrariado el dirigente sanromino.
En San Román preparan marcha a la ciudad de Lima
Dirigentes y representantes de la sociedad civil viajarán a la Capital de la República para exigir justicia por los hechos luctuosos del 09 de enero y la inclusión de Puno en los proyectos de masificación del gas.
El representante del Sutep San Román, Pedro Quispe Quisocala, indicó que las delegaciones puneñas pedirán gas para Puno en las marchas de protesta programadas en Lima para los días 26, 27 y 28 de julio.
“En Puno y en la zona sur, sí o sí se tiene que establecer lo que el pueblo pide; el gasoducto sur peruano. El 25 de julio dice que va a ser la buena pro y no estamos considerados. Si llega el gas a domicilio esto va abaratar los costos en el sur del Perú.
Pero pretender llevárselo todo a la zona norte, está mal”, cuestionó el dirigente. A su vez, mencionó que por solidaridad a las comunidades campesinas, exigirán en la movilización, la derogatoria de la ley N° 32293, la cual afecta los derechos territoriales. También protestarán contra la dictadura congresal y contra la corrupción.
Juliaqueños presionan por salida de juez Chevarría
Alrededor de un centenar de ciudadanos juliaqueños se congregaron en el parque Mariátegui para luego marchar rumbo a la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Puno exigiendo la salida del juez Guido Chavarría Tisnado.
El juez es el centro del escándalo luego de que se compruebe a que tiene de chofer a un abogado que lleva causas con él. Además, fue el que concedió la medida cautelar que ha congelado el proyecto de la construcción de la sede del Colegio de Alto Rendimiento.
CONSEJO
En horas de la tarde se llevó a cabo una reunión entre los representantes de Juliaca y los del Poder Judicial. El actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, , Benny Alvarez aconsejó que toquen la puerta del procurador del Poder Judicial para que busque una mayor sanción respecto a la sanción de suspensión por el plazo de 4 meses.
INVESTIGAGIÓN
Por otro lado, Alvarez les recalcó que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial abrió investigación por presunto tráfico de procesos judiciales . Esto por el escándalo de su “chofer” que implica su presunta participación en el tráfico de terrenos y casas.
Por su parte, la fiscalía no se ha pronunciado para nada respecto al caso a pesar de posibles delitos.
Oficina de Recursos Humanos del GORE Puno metió abogada de “contrabando”
Una de las tantas denuncias de irregularidades cometidas en la oficina de recursos Humanos del Gobierno Regional de Puno fue comprobada mediante documentos de la contratación de una abogada recién titulada en un importante cargo.
Se trata de la abogada Maxi Gabriela Sosa Coila, quien se desempeñó como especialista legal y, posteriormente como asistente administrativo en la oficina de Abastecimientos del gobierno regional, sin mediar concurso alguno.
“A DEDO”
Para esto fue clave el papel de Carmen Beatriz Choquehuanca Calsina quien como jefa de la Oficina de Recursos Humanos le allanó el camino para que asuma irregularmente. Ella requirió los servicios de Maxi Sosa y maniobró para que la plaza no se lleve a concurso como lo exigen la ley. Argumentó que su contrato era temporal y por emergencia pero se encargó de mantenerla en puestos de trabajo entre setiembre y diciembre del año 2024.
RECIÉN TITULADA
Además se pudo comprobar que la abogada se pudo titular en año 2022 y, por lo tanto, no podía acumular la experiencia necesaria para asumir importantes cargos.
UNO DE MUCHOS
En el interior del gobierno regional se habla de una serie de contratos de ese tipo a cambio de contraprestaciones, esto no ha sido comprobado sin embargo, recién a estas alturas se empezó por comprobar uno de los casos de contratación indebida en oficinas.
PUNO: Diario los Andes 03/07/2025
AREQUIPA: Diario los Andes 03/07/2025
Arequipa supera a Trujillo en denuncias por extorsión
Desde el 2023, la ciudad de Arequipa ha registrado más denuncias por extorsión que Trujillo, revelando un preocupante cambio en el panorama delictivo del país. Según el Tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., mientras Trujillo concentraba históricamente el mayor número de casos, desde hace tres años es Arequipa la que lidera las estadísticas.
De acuerdo a los gráficos comparativos del informe, a inicios del 2023 Arequipa alcanzó 108 denuncias por extorsión, superando a Trujillo que reportó 77 casos. La brecha se amplió ese año con 156 denuncias en Arequipa, frente a 111 en Trujillo, y en el 2024 la tendencia continuó con 136 casos en la Ciudad Blanca, sobre los 113 de la capital liberteña.
Incluso en el acumulado hasta abril de 2025, la Ciudad Blanca mantiene la delantera con 49 denuncias, mientras Trujillo registra 39. A nivel regional, La Libertad sigue mostrando cifras totales superiores (por el peso de otras provincias), pero el crecimiento sostenido en Arequipa, especialmente en su capital, evidencia una transformación del patrón delictivo.
Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y coautor del reporte, alertó que Arequipa “ya no enfrenta solo delitos comunes”, mientras que Carlos Basombrío, exministro del sector, advirtió que la ciudad “corre el riesgo real de convertirse en un nuevo Trujillo” si no se toman medidas contundentes. “El problema no es decir que Arequipa ya es igual a Trujillo.
Eso sería un error. El punto es que el número de denuncias sigue creciendo y no se están adoptando medidas en el ritmo que se necesita”, explicó Basombrío. El estudio señala que el aumento de la modalidad “gota a gota” se intensificó desde la aprobación de la ley antiusura en 2021.
Gobernador de Arequipa Rohel Sánchez pide dinero sin expedientes
“Es cuestión de reajustes”, indicó Rohel Sánchez, gobernador regional sobre la finalización de las obras del hospital Maritza Campos y el hospital de Camaná. La autoridad gestiona más de S/ 280 millones.
El gobernador gestiona presupuestos para estos proyectos, pese a no contar con el expediente de saldo de obra del hospital de Camaná, y no resolver aún las observaciones de la Contraloría al expediente técnico del hospital Maritza Campos del Cono Norte en Arequipa.
En el hospital de Camaná, la nueva supervisión técnica para el expediente se contrataría el 10 de julio y la aprobación del expediente de saldo se espera tenerlo el 8 de agosto. La entrega de equipos médicos aún está pendiente. Un panorama similar en el hospital Maritza Campos.
La Contraloría detectó falta de información clara sobre insumos, gastos y estructura de costos en el segundo entregable del expediente técnico. El hospital, inicialmente presupuestado en S/ 134 millones, ahora requeriría más de S/ 150 millones para su culminación, lo que evidencia una posible sobrevaloración en la obra.