La Contraloría General de la República del Perú emitió el Informe N° 4292-2025- CG/GRAR-AOP, dirigido al alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto Riveros. Este documento detalla una irregularidad grave en la suspensión del plazo de ejecución de la obra “Creación del puente carrozable en el sector El Pasaje, distrito de Caravelí”, que ha generado perjuicios a la población beneficiaria.
El proyecto se suspendió por 317 días a la espera de las estructuras. El origen del caso se remonta a un contrato suscrito el 25 de enero de 2024 entre la Municipali dad Provincial de Caravelí y la empresa IMCONSFER S.R.L., con un plazo de 35 días calendario y un monto de S/ 1,786,861. La obra debía culminar el 10 de junio de 2024.
Sin embargo, el 31 de mayo de 2024, representantes de la municipalidad y la contratista firmaron un acta suspendiendo el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2024, argumentando que la fabricación del puente modular requería más tiempo del previsto. Sin embargo, la Contraloría determinó que este hecho no constituye un evento fortuito o de fuerza mayor, como exige la ley.
La fabricación del módulo era una obligación contractual previsible que la empresa debió incluir en su planificación inicial. Peor aún, la municipalidad no adjuntó ningún informe técnico que sustentara la supuesta complejidad, lo que violaría los principios de transparencia. El retraso alcanza 317 días, desde el vencimiento del plazo original, el 10 de junio de 2024, hasta el 23 de abril de 2025.
